Despedidas del jardín municipal: el abogado dijo que «buscaron sacárselas de encima»

El abogado del estudio Kairuz y Asociados, Germán Juárez, lleva adelante el caso de las trabajadoras despedidas del jardín maternal “Espejitos de Colores”.

Se trata de 8 auxiliares y 2 del área de maestranza que recibieron el telegrama de despido el 20 de julio pasado.

“Nosotros empezamos con este tema hace un tiempo, porque cuando me vinieron a ver tiempo atrás era porque tenían cuestiones impagas que ya eran previas desde antes de la pandemia”, explicó a LOA.

Sostuvo que se trata de una “serie de incumplimientos, que en su momento se reclamó por esos haberes adeudados, primero hubo un silencio y después recibieron una carta documento notificando que estaban despedidas”.

Explicó que, autoridades de la institución intentaron “justificar” los despidos para quedar exceptuados dentro de los decretos nacionales que así lo prohíben. “Buscaron la forma de sacárselas de encima, más allá de que no es legítimo”, agregó Juárez.

“La idea sería reclamarlo judicialmente. En marzo el jardín cerró y se volvieron a incumplir los sueldos que correspondían desde marzo. A mediados del mes pasado se inició el intercambio epistolar normal en todo reclamo laboral. Mandaron dos telegramas cada una de las chicas, que son 10”, detalló.

Agregó que las trabajadoras “quieren continuar con su relación de empleo”. Juárez indicó que la institución “viene de una situación irregular de antemano”, y remarcó para concluir que el panorama “es bastante complejo, pero intentamos buscar una salida”

Fuente: La Opinion Austral (12-08-2020 10:00hs)

La condena del femicida de Romina Barria quedó firme, y la defensa insiste que no fue Femicidio

“Nosotros decimos que no es Femicidio, que la muerte no se produjo por ser la víctima una mujer, sino por una cuestión pasional”, indicó a TNRG Ricardo Aníbal Julián, abogado de Jorge Huenumil, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de dejar firme la sentencia contra su defendido.

El 15 de marzo del año 2018, la Cámara Oral de la Primera Circunscripción de Río Gallegos, condenó a la pena de prisión perpetua -30 años- a Jorge Huenumil por el: “’Homicidio agravado por el vínculo y violencia de género” contra la joven Romina Barria, ocurrido el 4 de octubre del 2016, en su vivienda del Barrio San Benito. Si bien Huenumil fue condenado, la sentencia no estaba firme, y su abogado Ricardo Aníbal Julián presentó el recurso de casación y desde el Tribunal Superior de Justicia le informaron que la condena para su defendido quedaba firme. TNRG dialogó con el Dr., Ricardo Julián quien explicó: “Presentamos la casación, estábamos esperando que nos llamarán a audiencia, pero eso nunca sucedió, y desde el TSJ nos informaron que el recurso no procedía”. En la presentación que realizó la defensa, plantearon que no estaban de acuerdo con el agravante de “Femicidio”, pero al igual que los jueces del Tribunal de la Cámara Oral, los integrantes del TSJ sostuvieron que se trató de un “Femicidio”. En este marco el representante de Huenumil, explicó que ellos solo discutieron el agravante ya que para los letrados: “No fue un Femicidio. Pero el TSJ entendió que el agravante era aplicable”, agregando que discutieron este punto porque implica la prisión perpetua, y por ende como lo establece el código penal no se puede pedir la libertad condicional para aquella persona que sea condenada a esa pena. Siguió expresando que en el fallo, que consta de 15 fojas, el TSJ sostiene que es Femicidio, y no implica el ejercicio del condenado en la etapa de ejecución: “Es por ello que no resultaría útil ir a la Corte, ya que el fallo fundamenta bastante bien cómo debe hacerse la ejecución de la pena, me pareció muy atinado, ya que la interpretación del Tribunal Superior de Justicia respecto a la ejecución, mantuvo una postura, pero tampoco cerró las puertas”. Más adelante, recordó que cuando su defendido fue juzgado le recomendó que contara la verdad, confesó el crimen, pero no se hizo cargo del incendio que se produjo después del hecho, ya que dijo que la casa se incendió por una cuestión secundaria. Tras su relato los jueces del Tribunal Oral de la Cámara entendieron que no hubo una confesión detallada del hecho y como habíamos pedido que el juicio se abreviado, se decidió que la audiencia siga su curso con la presentación de la prueba. Julián además, aclaró que lo único que discutieron fue la calificación: “No el hecho, porque el homicidio estaba, era la muerte de una mujer con once puñaladas, no había mucho que discutir. Solo que nosotros decimos que no es Femicidio, que la muerte no se produjo por ser la víctima una mujer, sino por una cuestión pasional, y tanto la Cámara como el TSJ sostienen que no hubo emoción violenta, y que Huenumil mató a Romina Barria por ser mujer, a quien consideraba de su pertenencia, y da lugar al Femicidio”. Pero la defensa sigue sosteniendo que: “No es así, porque entendemos que no la consideraba su pertenencia, de ninguna manera. Lo que hubo fue una situación emocional, que no tiene nada que ver con el odio o menosprecio a una mujer. Pero esta cuestión nunca fue aceptada por los jueces”. Por otro lado, explicó que Huenumil: “Tiene los derechos que le otorga la ley de ejecución, puede ejercerlo, porque la pena tiene como objetivo un reinserción a la sociedad, pero los derechos los tendrá si cumple con los requisitos que existen en la ejecución”, finalizó. Ley Brisa Tras quedar firme la condena del femicida de Romina, su hija ahora podrá acceder a la Ley Brisa, beneficio al que pueden acceder las niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora. La ley Brisa fue aprobada en el Congreso el 4 de julio de 2018, mediante el Decreto 871/2028, publicado en el Boletín Oficial, dando vigencia a la norma por la cual los chicos que se encuentren en esa situación van a tener un acompañamiento integral por parte del Estado. La norma se la conoce como «Ley Brisa», a raíz del nombre de pila de la hija menor de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su ex pareja y padre de sus tres hijos en diciembre de 2014.

Viernes, 23 de agosto de 2019

Fuente: TNhttp://www.tnriogallegos.com/movil/vernota.asp?id_noticia=52670

Baja de edad de imputabilidad a los 15 años: Es “electoral” y “no combate la inseguridad”

Así lo indicó un abogado con 30 años de experiencia en el fuero penal en Río Gallegos. Sin embargo, aclaró que está a favor de la medida porque “significa que se debe hacer cargo de lo que hace”.

El viernes el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto que baja la edad a 15 años (actualmente 16) por el cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir presos.

La discusión se presenta en un año electoral, aunque esta modificación en la ley penal se viene discutiendo -cada tanto- desde hace décadas en Argentina.

“El chico es una persona y cuando se mandó una macana hay que tratarlo como persona. Lo mismo ha hecho el Código Civil pero de forma gradual, ya que no es lo mismo un chico de 14 años que de 9”, dijo el Dr. Ricardo Julián. Abogado penalista desde hace 30 años en la capital provincial.

“Bajar la edad a 15 años, significa que el chico debe ser tratado como persona y poder hacerse cargo de lo que hace con la gran posibilidad de defenderse por lo que hizo y explicar las razones que lo llevaron a eso, además que colabora con la  formación de las personas. Esto no lo digo yo, lo dijo el Dr. Zaffaroni”, agregó.

“No lo veo mal”, opinó. Pero el letrado tuvo sus reparos. Primero indicó que se trata de una medida “netamente de corte electoral y decorativa”.

Y luego advirtió que esto no significa que los delitos van a disminuir. “Esto es un aporte y no va a cambiar la inseguridad, que es un problema de la policía y no del Código Penal”, vertió y recordó que la seguridad es “prevenir que pasen las cosas”, como a quien le secuestran el automóvil por conducir en estado de ebriedad. En cambio aquí se “apunta a quien lo hizo, es decir, después”.

NO SIRVIÓ

En esta línea explicó que la profundización de las penas no sirvió para bajar la delincuencia, en donde el mejor ejemplo es Estados Unidos, con la población carcelaria más grande del mundo. “No sirven los ejemplos aleccionadores porque nadie aprende porque al otro lo metan preso. No sirvió para bajar la delincuencia y ya han advertido que eligieron el camino equivocado”, destacó.

Señaló que en el régimen penal de menores se evita por todos los medios “tener que penalizar” y que “como última posibilidad  se aplica” ya que se opta muchas veces por la remisión (sin condena). “Como contrapartida, con la baja de la edad, el menor se hace responsable y eso es positivo porque en general tiende a no hacerse responsable”, reafirmó.

CAMBIO

El letrado opinó que “como todo cambio legislativo que sucede en Argentina, la sociedad evoluciona atrás del avance de la ley” y no al revés. Un ejemplo que expuso fue el divorcio. ”Todo el mundo decía que estaba de acuerdo con el divorcio, pero la gente se casa para toda la vida, lo cual es contradictorio”, precisó.

FUENTE: TIEMPOSUR

Si cambiamos el CPP y no tenemos penitenciarías, seguiremos con presos durmiendo en los baños

El Dr. Ricardo Aníbal Julián, letrado del fuero penal desde hace 30 años en Río Gallegos, detalló varios puntos que deberían tenerse en cuenta en la modificación del CPP. Comisarías superpobladas con un “problema de derechos humanos espantoso”. “La reforma procesal hay que ponerla en contexto, por eso la importancia de que los abogados que manejan el contexto día a día sean los que opinen”, sostuvo.

La Seccional Tercera “tiene una superpoblación descomunal, con 10 mujeres en una habitación”.

En octubre llegaría a Diputados la reforma del Código Procesal Penal de Santa Cruz que propicia el Ejecutivo, en donde se creará una Comisión Asesora de expertos y que se espera contar con la opinión del ámbito local de la Justicia.

El Dr. Ricardo Aníbal Julián, letrado penal desde hace 30 años en Río Gallegos, pidió que exista “una apertura” en la discusión de modo que la opinión de los abogados sea “tenida en cuenta”, la cual se complica ya que en Santa Cruz no existe el Colegio de Abogados, algo por lo cual el sector brega desde hace años.

Sin embargo el letrado hizo ciertas consideraciones. Primero sostuvo que “Santa Cruz tiene un problema con el derecho penal y su ejecución” ya que para empezar, la Ley de Seguridad establece una División Penitenciaria “pero esto no existe”. “No hay personal ni un lugar preparado para manejar a los presos, y actualmente son los mismos policías los que lo hacen y no tiene ninguna formación penitenciaria, que es diferente a la de policía”.

Indicó que “este tema no suma votos, por eso no se lo atiende, pero tenemos un problema de derechos humanos espantoso, con presos durmiendo en los baños”, o caso en los que los presos para bañarse “deben ir al Cuartel de Bomberos”. (En Santa Cruz, remarcó, existe solo la Penitenciaría provincial de Pico Truncado que es “muy chiquita, y en Río Gallegos, la U15, que pertenece al sistema federal, que tiene alrededor de 115 presos, que utiliza al provincia mediante convenio que se firmó, como sucede en otras provincias).

“Si cambiamos el Código Procesal y no tenemos resuelto las penitenciarías, seguiremos con presos durmiendo en los baños”, sentenció.

Expresó que “la reforma procesal hay que ponerla en contexto, por eso la importancia de que los abogados que manejan el contexto día a día sean los que opinen”.

Advirtió que el Código de la provincia es “antiquísimo”, pero que primero “habría que esperar que el proyecto de ley nacional de reforma del Código Penal cuaje, porque quizás luego tengamos que modificarlo nuevamente a raíz de esto”.

Registró otras falencias. Puntualizó que en Santa Cruz el “preso condenado y el que no tiene condena están juntos y no deben estarlo”. “Esto es un principio constitucional, y por eso existe una melange espantosa con penales improvisados en las comisarías, como en la Seccional Tercera que es para mujeres, que tiene una superpoblación descomunal, con 10 mujeres en una habitación”, vertió a TiempoSur.

Para esto, propuso un “límite a las medidas cautelares de prisión preventiva, porque acá es la regla, cuando debería ser la excepción”, por lo que “deben existir otro tipo de reglas o medidas para asegurar que el preso deba estar en el juicio, porque no hace falta tenerlo preso y esto descomprimiría mucho al sistema penitenciario”. Recordó que “la libertad debe ser la base del proceso, porque se es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

“Estos puntos, son mínimos, es preliminar. Porque el tema es más complejo”, finalizó.

Fuente: Tiempo Sur

Se crea la Factura de crédito electrónica MiPyMES

Texto completo: aquí

En materia impositiva, se crea la “factura de crédito electrónica MiPyMES”, que constituirá un título ejecutivo para que las MiPyMES tengan un fácil acceso al crédito.

En todas las operaciones donde las micro, pequeñas o medianas empresas estén obligadas a emitir facturas o recibos electrónicos a una empresa que no encuadre en dichas categorías, deberán emitir facturas de crédito electrónicas MiPyMES. Dichas facturas se convertirán en un título ejecutivo cuando se convenga un plazo de pago superior a 15 días corridos o cuando se hubiera convenido un plazo de pago menor de 15 días y al término del mismo no se hubiera registrado la cancelación o aceptación expresa de la obligación en el “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES”.

Asimismo se crea el “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES”, que funcionará en el ámbito de la AFIP, quien a su vez dictará las normas complementarias para la implementación del régimen de “factura de crédito electrónica MiPyMES”.

Origen: Se crea la Factura de crédito electrónica MiPyMES

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Encontro una pila en un botella de gaseosa y la empresa debe pagarle una multa de $ 500.000

La Cámara Civi y Comercial de la ciudad de San Miguel de Tucumán condenó a una empresa de bebidas a abonar una multa por daño punitivo por la suma de $500.000 a favor de una mujer que encontró una pila dentro de su botella de gaseosa.

Considera el tribunal que «cuando se trata de la salud de los consumidores, esto es, cuando está en juego la integridad psicofísica y la vida misma de las personas, la valoración de la conducta del proveedor o empresario no admite tolerancia, pues, la importancia de los bienes e intereses comprometidos no deja margen para el más mínimo error».

Señor consumidor, debe tener presente que los daños punitivos, según lo normado por el artículo 52 bis de la LDC, se aplican solo a instancia del damnificado. por lo que es importante asesorarse antes de efectuar cualquier reclamo.

Me «escracharon» en Facebook ¿Que debo hacer?

Vivimos en la Era Digital. Las redes sociales como Facebook, Twiter, Instagram y Whatsapp nos permiten estar más conectados y tener la posibilidad de comunicarnos en forma instantánea con otras personas en cualquier lugar del mundo. Pero con ello ha surgido un nuevo problema: muchos usuarios les han dado un uso especial, utilizando las redes para realizar escraches, difundir hurtos, estafas o casos de violencia, haciendo  públicas sus situaciones y alertando a otros. Compartir en las redes sociales una denuncia contra una persona, publicar su nombre o su imagen acusándola de algún delito puede tener consecuencias.

Estas situaciones se presentan de distintas formas. Están quienes realizan denuncias desde su cuenta, la cual ven sus amigos, o también se han creado grupos de “Denuncias”, donde cualquiera puede acceder. Perfiles falsos, publicaciones anónimas, cadenas de correos electrónicos son a veces utilizados como herramientas para la difamación. Un comentario puede ser leído, celebrado («me gusta») y compartido al instante. Pero si el comentario resulta falso, injuriante o agraviante puede conllevar una responsabilidad civil y penal. El Código Penal no solo reprime al autor de injurias y calumnias, sino también a quien publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro,  siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente

Entre los Términos de Servicio de Facebook se encuentran ciertos puntos que resultan importantes:

«2.5. – Está terminántemente prohibido el utilizar los servicios de Facebook con el propósito de venganza, represalia, desquite, revancha o castigo»

«4.2. – El usuario se obliga a no transmitir, difundir, publicar(…) a través de Facebook contenidos, imágenes, textos, anuncios, mensajes, o cualquier otro producto que de cualquier forma pueda ser considerado:

  • ilegal, ofensivo, abusivo, o en cualquier caso cuestionable
  • con contenido racista, difamador, o que promueva el terrorismo, daño físico, moral o material a uno mismo o a otros individuos o grupos (…)
  • que induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas
  • suplantando la personalidad o información del remitente»

«8.2. – Facebook (…) se reserva el derecho de revisar o eliminar cualquier información publicada, con o sin aviso, especialmente si Facebook considera que estas condiciones de uso no se han respetado.»

Si usted es victima de difamaciones por estos medios debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  1. – Es fundamental no dejarse llevar por nuestras emociones ante un insulto o calumnia recibida a través de una red social, ya que ello nos llevaría a responder en los mismos términos, en el mejor de los casos, e incurrir igualmente, en el mismo delito.
  2. – En ocasiones es mejor dirigirse al autor y solicitar en forma privada y  respetuosamente una corrección de la información. En caso de negativa, el siguiente paso es intimar en forma fehaciente mediante carta documento bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.
  3. – Debemos recopilar pruebas de la existencia y contenido de los mensajes, bien sea a través de una captura de pantalla, imágenes o cualquier otro medio equivalente, siendo lo más recomendable, no obstante, levantar Acta Notarial de los mismos.
  4. Contactar con la red social a fin de requerirles el borrado y retirada de los mensajes publicados, así como la salvaguarda de los datos obrantes en sus sistemas relativos a la identidad (nick, datos de registro, IP, etc) del autor de los mensajes, para su requerimiento en el seno del procedimiento judicial.
  5. – En caso de persistencia los pasos a seguir son Presentar una querella por injurias y calumnias en el juzgado penal correspondiente a su domicilio.
  6. – Es posible acudir también, a la jurisdicción civil, reclamando las cantidades a indemnizar por los posibles daños y perjuicios causados por la difamación.

Cabe aclarar que en nuestro país se respeta la libertad de expresión. Una opinión o un insulto no es necesariamente un delito. Pero citando a Alberto Vega, Asesor legal de Facebook, «no debe olvidarse que el derecho de expresar nuestras opiniones libremente, termina cuando comienza el derecho del prójimo a que se le respete su honor y buena reputación.»

Lesiones causadas en accidente de colectivo: multan por $101.666 a la empresa en favor del pasajero.

El caso: un micro volcó en un ruta, provocando lesiones a una pasajera, a consecuencia de lo cual, la damnificada inicio acciones contra la empresa de transportes.

En una actitud especulativa y dilatoria, la empresa extendió el pleito por mas de 5 años para «licuar» la indemnización por efecto de la inflación.

Ante ello, el tribunal sancionó a la empresa, en incremento la indemnización en $100.666 (daño punitivo), equivalente al 60% de los otros rubro indemnizatorios: incapacidad sobreviniente $60.000, daño moral $90.000.

“El monto por daño punitivo debe ser elevado —en el caso, al 60% de los valores indemnizatorios reconocidos—, teniendo en cuenta la actitud dilatoria y especulativa por parte de la empresa de transporte demandada, dentro de las que se incluyó la falta de ofrecimientos reparatorios, su ausencia en la etapa de mediación, la falta de prueba de la eximente invocada y la dimensión del daño efectivamente provocado en la víctima, pues ello demuestra el trato indigno que impartió al consumidor al someterlo a casi cinco años de un juicio con el solapado propósito de abonar una indemnización licuada por la inflación (art. 8 bis, ley 24.240; art. 1071, Código Civil derogado; art. 10, Código Civil y Comercial).”
Cámara de Apelaciones Mar del Plata, sala II – 27/04/2017 – Curry, Paula Vanesa c. Transportes Automotores Plusmar S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Señor consumidor, debe tener presente que los daños punitivos, según lo normado por el artículo 52 bis de la LDC, se aplican solo a instancia del damnificado. por lo que es importante asesorarse antes de efectuar cualquier reclamo.

Disminución, aumento y cese de cuota alimentaria.

La cuota alimentaria es circunstancial y variable, es decir que si las condiciones en las que fue fijada o acordada cambian, puede modificarse, aumentando, disminuyendo o cesando.

«Por las especiales características y su naturaleza esencialmente asistencial, el derecho alimentario presenta una particular fisonomía, de la que se desprende, entre otros caracteres, el de ser circunstancial y variable; de esta manera, si la plataforma fáctica que sirvió de fundamento para fijarla hubiera cambiado, también debe modificarse la prestación, aumentando, disminuyendo o cesando la pensión según fuere el caso, ya que la cuota alimentaria sólo se mantiene inalterable en caso de que también se mantengan los presupuestos de hecho sobre cuya base se estableció».

Disminución:

Lo tribunales han dicho, en ciertas circunstancias que
«Corresponde …disminuir el monto de la cuota alimentaria fijada, a los efectos de no comprometer el patrimonio del alimentante, quien gana una suma de dinero baja, y tiene nuevos hijos con otra pareja«. (MJ-JU-M-83474-AR | MJJ83474).

Sin embargo debemos destacar que lo dicho en el párrafo anterior resulta excepcional.

Aumento:

Por lo general la mayor edad de un hijo, es argumento válido para autorizar el aumento de una pensión alimentaria; en este sentido se decidió:
«El hijo común contaba al momento del acuerdo pactado con cinco años de edad y en la actualidad tiene catorce años, por lo cual del lapso transcurrido desde la fijación de la cuota, no sólo resulta relevante el prolongado transcurso del tiempo, sino que habrá que considerar también que el beneficiario ha ingresado a una nueva etapa evolutiva, con la consecuente modificación de sus requerimientos e intereses (art. 25 CCivCom.).» (MJ-JU-M-100727-AR | MJJ100727 | MJJ100727)

Cese:

La obligación alimentaria subsiste -en principio- hasta los 21 años, salgo que se acredite que el hijo mayor de edad -18 años- cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

Es decir, quien solicita el cese entre los 18 y los 21 años debe probar ante un juez que el alimentado tiene medios necesarios para su subsistencia.

Mas allá de los 21 años y hasta los 25, la obligación de los progenitores puede subsistir, solo en el caso de que el alimentado prosiga sus estudio o preparación profesional y que ello le impida proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente.

En las caso se solicitará el cese ante el juez, quien deberá correr traslado del pedido al alimentado. Incumbe a este probar la continuidad de los estudios.

En este último caso, la jurisprudencia sostuvo:

 «Para ser beneficiario de la continuidad de la cuota alimentaria establecida por el art. 663 del CCCN no es suficiente la mera prueba de estar inscripto en la matrícula, pues se debe justificar que el horario de cursado, o el cumplimiento de otras obligaciones curriculares, le impidan realizar una actividad rentada para sostenerse en forma independiente». «U.M.R.A. c/ U.C.S. s/ Inc. reducción cuota alimentaria», CApel. Civ., Com., Lab. y Minería Neuquén, Sala I, 10/11/15, elDial.com – AA9434.

 

«Estoy en el Veraz» ¿Que puedo hacer?

Muchas veces sucede que una persona quiere acceder a un préstamo, obtener una tarjeta de crédito, abrir una cuenta bancaria, o adquirir bienes en cuotas pero no puede dado que figura en Veraz, Nosis, Codeme, Fidelitas (*).

Pero no siempre la información suministrada por las empresas de banco de datos es correcta. En este caso será necesario realizar el reclamo por escrito ante la empresa distribuidora de información a fin de que se corrija el error.

Existen distintos supuestos en que se puede solicitar dejar de ser informados en Veraz, Nosis, Codeme, Fidelitas, etc. (**):

  • Que la deuda no haya sido pagada y tenga una antigüedad de al menos 5 años desde la fecha de mora o desde el último dato negativo que sea relevante. Una vez transcurrido ese plazo, la información debe eliminarse aunque la deuda no haya sido cancelada.
  • Que la deuda haya sido pagada y tenga una antigüedad de al menos 2 años desde la fecha de pago, debiéndose dejar constancia de la extinción de la obligación en el informe.
  • Que en dichos informes aparezcan datos incorrectos como deudas que jamás se han contraído, información desactualizada de deudas o errores en calificación de las mismas.

Si se encuentra comprendido en alguno de estos supuestos, los pasos a seguir son:

  1. Remitir dos cartas documento a organización veraz y a la entidad crediticia que esté brindando información respecto a su persona, intimándola a que cese tal conducta en virtud de lo previsto en la ley de habeas data Ley 25.326.
  2. Si no se tiene respuesta favorable, iniciar una mediación previa y obligatoria a todo juicio prevista en la ley 24.573. En el marco de dicho proceso se citará a organización veraz y a la entidad crediticia que esté brindando información respecto a su persona a fin de requerirles el cese de la información crediticia errónea.
  3. Si tampoco se obtiene una respuesta favorable, iniciar una acción de protección de datos personales o de habeas data.

 ¿Se puede modificar la información que difunden las empresas de informes comerciales?

El responsable de la base de datos deberá rectificar, suprimir o actualizar la información dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo o de haber tomado conocimiento del error, falsedad o desactualización.

Asimismo, el responsable de la base de datos debe notificar los cambios a todos aquellos que hayan efectuado consultas sobre esa persona o empresa con anterioridad.

Si bien depende de cada situación en particular, es un trámite que generalmente dura entre 5 y 15 días.

Si usted actualmente está pagando su deuda se pueden corregir los datos que aparezcan como inexactos a fin de cambiar la situación en la que figura y mejorar el puntaje crediticio.

Lo que pretende la ley con el llamado «derecho al olvido» es que la persona o empresa que en algún momento fue deudora, transcurrido un plazo razonable, pueda reinsertarse en el sistema financiero.

(*)»Veraz es una marca registrada de Organización Veraz S.A.» «Nosis es una marca registrada de NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.» «Fidelitas es una marca registrada de Fidelitas S.A» «En este sitio dichas marcas están mencionadas en caracter meramente informativo. (**) La eliminación y/o rectificación de los datos informados en bases públicas y privadas dependerá de que la situación pueda ser amparada por la Ley 25.326 y complementarias (Lea nuestras políticas de servicio en la sección Comenzar aquí o Dejar una consulta)