Defensa del Consumidor: Deber de información en soporte físico

Mediante la promulgación de la ley Ley 27.250 se modificó el artículo 4º de la ley 24.240 estableciendo que que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en soporte físico (en papel) y en forma gratuita, con la claridad necesaria para su comprensión, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Sólo podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a su disposición.

30 de mayo – día nacional de la donación de órganos

donacion

El 30 de mayo en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.

Cabe destacar que mediante ley 26.928, se creó el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.

Bajo el amparo de la misma se garantizó a las las personas que hayan recibido un trasplante o que se encuentren en lista de espera, la cobertura del 100%  en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante.

Asimismo, se contemplan, para los mismos sujetos licencias laborales especiales que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento del  estado de salud.

La provincia de Santa Cruz adhirió a la ley 26.928 mediante ley 3355

Credencial

Según la Resolución INCUCAI 388/2015 publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprueba el modelo de credencial, a través del cual se acreditará la condición de beneficiario del Sistema de Protección Integral para personas trasplantadas creado por la Ley 26.928. La Resolución también dispone el procedimiento para su distribución a través de los correspondientes Organismos Provinciales de Ablación e Implante (OPAI).

Serán beneficiados todos los pacientes trasplantados, o los que se encuentren en lista de espera. Podrán solicitar al organismo provincial correspondientes a su domicilio el certificado, tanto personalmente o por vía telefónica. Las credenciales serán entregadas en mano o por correo postal, cada una contará con la firma de autoridades del INCUCAI y de la jurisdicción.

El certificado extendido les permitirá viajar gratuitamente hacia cualquier destino de corta, media y larga distancia. Además, quienes se encuentren en situación de desempleo podrán percibir una asignación mensual no contributiva equivalente a la pensión por invalidez. También garantiza a las personas trasplantadas e inscriptas en lista de espera para trasplante la cobertura del cien por ciento en la provisión de medicamentos y  estudios diagnósticos.

De acuerdo a la reglamentación de la Ley, esta credencial será el documento válido que permitirá a todas las personas alcanzadas “acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia, como asimismo de transporte fluvial, en el trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales”. Entendiendo estas razones como “aquellas que favorezcan la plena integración social” de los beneficiarios “ya sea por causas familiares, médicas, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que requieran el traslado desde y hacia un lugar distinto al de su domicilio”.

El documento tendrá vigencia por tres años contados a partir de su fecha de emisión, renovable por idénticos períodos.

Deben solicitar la credencial en el Organismo Provincial de Ablación e Implante correspondiente a su domicilio; ya sea telefónicamente o concurriendo en forma personal.

 

Limitan los intereses que los bancos cobran a los usuarios de tarjeta de crédito

 

En autos “Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa Proconsumer c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarisimo”la C.S.J.N. rechazó el recurso extraordinario deducido por un banco contra la sentencia que hizo lugar a la demanda iniciada por una asociación de consumidores y le ordenó dejar de aplicar a sus clientes de tarjetas de crédito intereses que excedan el límite previsto por el artículo 16 de la ley 25.065, que regula los mencionados instrumentos financieros, condenándolo a reintegrar las sumas percibidas en violación a dicho tope adicionando intereses sobre los importes mal cobrados en virtud del principio de reciprocidad de trato establecido en el art. 26 de la Ley de Defensa del Consumidor. Considera que el recurso interpuesto es inadmisible de acuerdo a lo previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 16 de la mencionada ley establece:

Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor [bancario] aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes.

En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o financieros aplicados al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina.

La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito”.

Cabe destacar que la forma de calcular la tasa de interés de prestamos personales surge de considerar las tasas aplicadas durante el mes inmediato anterior, según el promedio ponderado por monto del total de los préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual período, sin discriminación alguna (Comunicación B 7965/2003 B.C.R.A.)

 

Se promulgo la ley provincial de Reconocimiento de Lenguaje de Señas Argentino (L.S.A.)

Bajo el número 3464, se promulgo la ley provincial de Reconocimiento de Lenguaje de Señas Argentino (L.S.A.), que entre otras cosas pone en cabeza del Consejo Provincial de Educacion las siguientes responsabilidades:
a) adoptar las medidas pertinentes para que los alumnos con discapacidad auditiva tengan acceso a una educación bilingüe (LSA-Lengua Española) durante todos los ciclos o niveles hasta finalizar su escolarización;
b) garantizar la formación en L.S.A. a familiares allegados de los alumnos con discapacidad auditiva en todos los niveles educativos;
c) garantizar la formación de Intérpretes en Lenguas de Señas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz;
d) propiciar y reglamentar dentro de la curricula de la formación docente; la Especialización Docente o post grado en “Educación Especial de L.S.A.”;
e) crear el cargo de Intérprete de L.S.A. en todas las modalidades de las escuelas especiales de la Provincia;
f) impulsar de manera conjunta con el Ministerio de Salud acciones que favorezcan la detección y diagnostico precoz de discapacidad auditiva.

Texto completo de la ley 3464

A partir del 1 de septiembre de 2015 se incrementó el valor de las compensaciones dinerarias en caso de accidentes de trabajo

Resolución MTySS 28/2015

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente 1-2015-1547718-13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes 24.557, sus modificatorias, y 26.773, los Decretos 1694, de fecha 5 de noviembre de 2009 y 472, de fecha 1 de abril de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 26.773 estableció el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el que se encuentra integrado por las disposiciones de ese cuerpo normativo, por la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 y sus modificatorias, por el Dto. 1.694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen.

Que, por el artículo 8° de la ley citada en primer término, se dispuso que los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el referido régimen, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.

Que la mentada actualización general se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por su similar 26.417, es decir, de manera automática cada seis meses, en marzo y en septiembre.

Que en cumplimiento de lo normado por la Ley 26.773, corresponde a esta SECRETARÍA actualizar los valores de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único determinadas en el artículo 11 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Dto. 1.694/09 en función de la variación semestral del RIPTE.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° y 17 apartado 6 de la Ley 26.773 y su Decreto reglamentario y en virtud de lo dispuesto en el Apartado XVIII, Anexo II, del Dto. 357, del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($374.158), PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($467.698) y PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ($561.238), respectivamente.

ARTÍCULO 2° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 841.856) por el porcentaje de incapacidad.

ARTÍCULO 3° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 841.856).

ARTÍCULO 4° — Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de la Ley 26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 159.430).

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese y archívese. — Dra. OFELIA M. CÉDOLA, Secretaria de Seguridad Social, M.T.E. y S.S.

La Justicia federal de Córdoba avala ajuste por inflación en cálculo de Ganancias – lanacion.com  

La Justicia federal de Córdoba avala ajuste por inflación en cálculo de GananciasLa Cámara Federal rechazó apelación de la Afip; se calculó que sila alícuota máximar epresentaría el 62% en lugar del 35%; la causa fue iniciada por el Sanatorio AllendeComentá107 Facebook100Twitter102    Imagen del Sanatorio Allende. Foto: https://www.facebook.com/SanatorioAllende/Córdoba. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba avaló un planteo judicial interpuesto por el Sanatorio Allende para que se calcule la inflación en la liquidación de Ganancias . Por unanimidad los camaristas determinaron que, sin el ajuste por inflación, se puede generar “confiscatoriedad”.La Cámara interpreta ese concepto como “absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital que exceda los límites razonables de imposición”. Estimó que, si no hay una determinación del impuesto alineada con la inflación, la alícuota máxima de Ganancias en vez de 35% representaría el 62% del resultado impositivo “ajustado al ejercicio 2002 o el 55% de las utilidades”.La causa -que ya tenía un fallo a favor en primera instancia- se inició por la liquidación de Ganancias para el período fiscal terminado el 30 de junio de 2011. La AFIP apeló a fines del año pasado y ahora la Cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Luis Rueda, confirmó la decisión del Juzgado Federal 2.La resolución declara la inaplicabilidad del artículo 39 de la ley 24.037 y de toda otra normativa legal o reglamentaria dictada en su consecuencia que impidan la aplicación del ajuste por inflación.Los camaristas mencionan que hay jurisprudencia de la Corte Suprema en el mismo sentido, planteando que la empresa es la que tiene que demostrar la supuesta confiscatoriedad, por parte del Estado, a través de pericias contables.En el caso del Allende, sin el ajuste por inflación, el impacto de Ganancias para el ejercicio en cuestión era de $4.968.466,92 pesos, aplicando la suba de precios internos mayoristas, suma $3,8 millones y con el índice de precios implícitos, $ 3,3 millones..

Origen: La Justicia federal de Córdoba avala ajuste por inflación en cálculo de Ganancias – lanacion.com  

La Corte realizó una audiencia pública en una causa por la inscripción gremial de un sindicato policial

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizó este jueves una audiencia pública en el marco de la causa “Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales”. Estuvieron presentes los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

La jornada se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del Máximo Tribunal, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales (Talcahuano 550). CIJ TV transmitió en vivo.

En la causa, el sindicato demandante pretende que se reconozca su derecho a la sindicación ante el rechazo de su pedido de inscripción gremial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó.

El planteo formulado requiere, en lo esencial, que se determinen los alcances del art. 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto garantiza la “… organización sindical… reconocida por la simple inscripción en un registro especial”, y del Convenio n° 87 de la OIT que deja a cargo del legislador nacional “…determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas…” en él.

via: CIJ